Diez millones

Sobre el sistema penal, sin generalizaciones

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Puesto que las generalizaciones suelen llevar a la injusticia, dejo a salvo el prestigio de todos aquellos funcionarios honestos y capaces que sirven con valor y generosidad a la sociedad.

Dicho lo anterior, considero de la mayor relevancia los resultados que el Inegi dio recientemente sobre la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol 2016), por cuanto se refiere a la incidencia de graves arbitrariedades en que incurren algunos policías, ministerios públicos y jueces en agravio de personas sometidas a prisión.

Con el título “Fotografía del fracaso”, Ana Laura Magaloni, mujer honesta, inteligente y conocedora del tema, formuló recientemente una dura crítica al respecto: “Nunca antes se había tenido una fotografía tan profunda y completa de la magnitud del fracaso que ha sido la supuesta implantación de la reforma penal en México”.

Me parece pertinente su precisión al afirmar que se trata de una “supuesta implementación”, habida cuenta que realmente ese nuevo sistema no ha logrado aplicarse, ni remotamente, como lo establece la legislación. Se están dando los primeros pasos, pero de manera alguna puede decirse que sea el nuevo modelo el que ha fracasado.

Lo cierto es que las fallas se hallan en diversos ámbitos, tales como la falta de recursos materiales y en algunos casos la multiplicación de códigos locales, pero destacadamente se deben a conductas indebidas de los que participan en su aplicación, incluidos defensores públicos y privados.

Por otra parte, debemos valorar con precaución las cuentas del Inegi, por lo que le dijeron los presos en miles de entrevistas, toda vez que éstos no necesariamente se condujeron con verdad, pero resultan abrumadores los datos, perfectamente comprobados, que reflejan la recurrencia de detenciones arbitrarias, incomunicaciones, torturas y malos tratos a los que son sometidos los reclusos, así como la “indiferencia y pasividad” de algunos jueces ante tales abusos.

Específicamente esos hechos fueron tomados en cuenta para la reforma penal de 2008, que tuvo como propósito fundamental “terminar con el modelo autoritario de persecución y enjuiciamiento penal” (palabras de Magaloni).

Más allá de las explicaciones válidas que impiden operar debidamente el sistema, y que el diverso paradigma en la procuración e impartición de la justicia implica un profundo cambio de mentalidad en sus ejecutores, debemos insistir en que la incapacidad profesional y la corrupción, en los extremos a los que hemos llegado, hacen imposible que cualquier ley, por buena que sea, rinda los frutos esperados. Y no debemos olvidar que en los terrenos de la justicia es donde se encuentra el tumor que produce, irremediablemente, los demás tumores que tienen enfermo, de gravedad, al cuerpo social.