Diez millones

Lucha anticorrupción: batalla perdida para EPN

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Justo ahora que dos exgobernadores fueron arrestados, luego de que el PRI perdió gubernaturas como la de Veracruz o Chihuahua, con un sistema nacional anticorrupción –así, en minúsculas– que apenas empieza a funcionar sin un fiscal, se trata de vender la idea de que el gobierno de Enrique Peña Nieto va en serio en la lucha contra este flagelo, pese a la larga cola de irregularidades que tiene arrastrando tras de sí, algo que en poco ayuda a esta nueva estrategia.

Batalla perdida

Mal se le ha dado el tema del combate a la corrupción al gobierno de Enrique Peña Nieto. Las acusaciones en su contra son varias, desde la famosa Casa Blanca que involucra a su esposa, las sospechas por el financiamiento que recibió para su campaña presidencial, las relaciones con grupo Higa y con Odebrecht –este último involucrando a funcionarios de su gobierno–, además del plagio de su tesis, a lo que se suma lo hecho por varios exgobernadores, como para pensar en que por fin se han puesto las pilas en Los Pinos para atacar este mal.

            Si bien el gobierno del exgobernador mexiquense ha detenido al panista Guillermo Padrés, tiene problemas para explicar su participación en la detención de Tomás Yarrington en Italia y en el caso de Javier Duarte, la llegada del veracruzano podría tardar más de un año a territorio nacional.

            Esto hay que tomarlo en cuenta por los señalamientos en el sentido de que el arresto de Duarte de Ochoa es parte de una estrategia electoral que beneficiará a los candidatos priístas a las gubernaturas que están en juego este año, en particular la del Estado de México, la cual –según los teóricos de la conspiración pro tricolor–, estaría en picada pese a varias encuestas que la muestran en forma competitiva.

            Así, el combate a la corrupción en el actual sexenio es algo a lo que estamos acostumbrados ver los mexicanos: la simulación, como fue el ejemplo del nombramiento de Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública para investigar el tema de la Casa Blanca, algo que no llegó a ningún lado.

            ¿En verdad se puede creer qué apresando a Javier Duarte, el gobierno de Peña Nieto demostrará que, ahora sí, va en serio su lucha contra la corrupción? Si bien para los teóricos de las conspiraciones, esto es posible, la realidad apunta a que pese al gobierno del mexiquense se está avanzando en este sentido, pues gracias a la presión de la sociedad se llevó al Poder Legislativo la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, además de que en el seno de ésta surgió una organización como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por no mencionar que fueron los votantes quienes castigaron en las urnas al PRI por casos claros de corrupción de mandatarios emanados de las filas de dicho partido, como Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua o Roberto Borge en Quintana Roo.

            De esta manera se puede apreciar que aún y cuando desde el tricolor o desde la propia Presidencia de la República se quiera vender la idea de que ahora sí se está haciendo algo en contra de la corrupción, la verdad es que el repudio social y la presión internacional –recuerden qué país está pidiendo la extradición de Yarrington–, son los factores que provocan que ahora se haga algo y no por voluntad del grupo en el poder.

            Y es que, ante tantas evidencias en este sentido, con un número record de mandatarios estatales acusados de irregularidades, con tres exgobernadores en la cárcel, dos en el extranjero detenidos y otros más, como Rodrigo Medina de Nuevo León, enfrentando procesos en libertad, pensar que esto es gracias a la voluntad presidencial suena a ingenuidad.

            Más bien, habría que hablar en el sentido de que pese a Peña Nieto y al hecho de que se pudiera ver involucrado en las irregularidades de alguno de los detenidos, se ha avanzado un poco en el combate a la corrupción.

            Experiencias como la de Guatemala, en donde cayó un presidente como Otto Pérez Molina junto a varios funcionarios, pueden servir para analizar el posible siguiente paso a dar. En nuestra nación vecina, la lucha contra la corrupción gubernamental se dio con la ayuda de una comisión internacional apoyada por la ONU, la cual –pese a la polémica interna que suscitó la medida–, pudo actuar para enjuiciar a un gobernante en activo.

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            Quizá esto sea algo que nos conviene reflexionar, luego de ver que hay mandatarios y exmandatarios estatales de todos los partidos acusados de corrupción y que en el Poder Legislativo está empantanado el tema del nombramiento del fiscal anticorrupción. ¿Nos atreveremos a caminar en este sentido?

            Y luego de lo anterior, la siguiente etapa es volver a la sociedad totalmente intolerante a actos de corrupción, incluso en el ámbito privado, pues es de ahí de donde surgen los Duarte, los Borge, los Granier y tantos otros políticos que ahora proyectan una imagen de México como nación corrupta.

Del tintero

En los pasillos de las cámaras y algunas oficinas de gobierno se cruzan apuestas, acerca de cuantos días deben pasar para que atrapen a César Duarte, quien pudiera ser el próximo en la lista. Se aceptan propuestas.

 

@AReyesVigueras