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Peña propone anular comicios si se "compra o adquiere" tiempo en medios

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La propuesta que modificaría la reciente reforma política llega al Congreso en respuesta a reclamos de los principales partidos de oposición

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Menos de un mes después de que fue promulgada la reforma político-electoral, el presidente Enrique Peña Nieto propone un nuevo cambio en la materia, para establecer que una elección pueda ser anulada si el candidato ganador "compra o adquiere" tiempo en medios electrónicos. 

La reforma aprobada por el Congreso en diciembre y promulgada el 10 de febrero señala que la anulación de unos comicios procederá cuando un aspirante rebase el tope de gastos de campaña, use recursos públicos en la contienda o "compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión". 

Ese último punto causó molestia entre legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que entonces argumentaron que se reducía la posibilidad de sancionar a un candidato infractor, pues el concepto de compra es difícil de probar porque requiere de documentos que demuestren que hubo una transacción. 

"Ante este cambio, para estar en posibilidad de anular una elección por esta causal, la autoridad estará obligada a contar con contratos que acrediten la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, cuestión que, como se ha señalado, no ocurrirá, puesto que la experiencia ha demostrado que las acciones que se realizan para violar la Constitución no se documentan por escrito", dijo el 13 de diciembre el senador panista Javier Corral. 

Ante las críticas de la oposición, que durante las elecciones de 2012 acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de recibir una cobertura favorable de parte de las principales televisoras del país, el presidente Peña Nieto se comprometió a impulsar cambios en la materia.

La propuesta plantea modificar el artículo 41 de la Constitución para establecer que la anulación de los comicios procederá cuando "se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión", según el documento publicado en la Gaceta de la Cámara alta. 

"Lo anterior implica un supuesto mucho más amplio, pues ya no sería necesario acreditar la obligación correlativa de la entrega del precio cierto y en dinero, sino únicamente la violación grave, dolosa y determinante, consistente en el supuesto de 'adquisición' de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, independientemente de la contraprestación pactada", señala el texto.  

Según la reforma político-electoral, para que los tribunales resuelvan anular un proceso, las violaciones tendrán que ser "determinantes", lo que ocurrirá cuando la diferencia entre el ganador y el segundo lugar sea menor a cinco puntos, y "deberán acreditarse de manera objetiva y material".

La forma en la que tendrán que acreditarse aún debe definirse en una ley secundaria.

Desde 2007, cuando se aprobó la anterior reforma electoral, partidos y candidatos tenían prohibido comprar tiempo en medios electrónicos. La medida fue impulsada entonces por los principales partidos —PRI, PAN y PRD—, según los cuales con ello habría más equidad entre las fuerzas políticas, y molestó a las televisoras, que recibían millones de pesos para la transmisión de propaganda.

Antes de la aprobación de la reforma, Televisa y TV Azteca se quejaron en comunicados argumentando que al prohibir la compra de espacios, el Congreso estaba limitando la libertad de expresión.

"A Televisa le preocupa en particular los aspectos de la propuesta de reforma que tocan asuntos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión, como esta prohibición", señaló una de las emisoras.

Al implicar un nuevo cambio a la Constitución, la propuesta de Peña Nieto requiere los votos de dos terceras partes de cada cámara para ser aprobada. 

En tanto, el Congreso también debe trabajar en las leyes secundarias de la reforma político-electoral, que son necesarias para que funcionen las modificaciones promulgadas en febrero, como la reelección de legisladores y alcaldes y la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).